La Constitución vigente en esta nación asiática data de 1947 y en su artículo nueve prohíbe actos bélicos por parte del estado, incluso veta el empleo de la fuerza en la resolución de disputas internacionales y limita las fuerzas armadas de facto, desde entonces reducidas y denominadas como Fuerzas de Autodefensa de Japón.
Pese a la normativa, el ministro de Defensa, Gen Nakatani, informó que el Ejecutivo estipuló dedicar cerca de 8,5 billones de yenes al presupuesto de Defensa en el año fiscal 2025-2026, iniciado este mes, para en el siguiente (2026-2027) llevarlo hasta 9,9 billones de yenes.
Tal anuncio está en correspondencia con la estrategia a largo plazo de Defensa, revisada a finales de 2022, que defendió un incremento del gasto relacionado hasta un dos por ciento del producto interior bruto entre ese año y el ejercicio fiscal de 2027.
Los hechos concretos permiten hablar del mayor rearme del país asiático desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con capacidad para atacar o contratacar, según considere.
El desarrollo de las capacidades de defensa incluyen la adquisición de misiles hipersónicos o de largo alcance, entre otros proyectiles.
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