La funcionaria Patricia Vargas, de la Sala III, es la única fuera de esa lista de procesados, pero sus restantes 20 colegas de esa instancia son objeto de entre una a 10 causas del Ministerio Público, de acuerdo con datos suministrados por esa cartera al diario El Observador.
Las investigaciones comprenden 307 carpetas, entre las cuales figuran las referidas 75 en investigación.
Los cuatro magistrados con más procesos iniciados pertenecen al alto tribunal de la Sala III, seguidos de cerca por los integrantes de la Sala II, estos últimos enfocados en temas de Derecho de Familia y Laboral, precisan las fuentes.
Las figuras delictivas por las que son investigados los magistrados se dividen en ocho apartados penales, en su mayoría relacionados con el ejercicio del cargo, y entre ellas el prevaricato acumula la mayor cantidad de causas, con 46.
Según el Artículo 357 del Código Penal, la sanción por ese delito es de dos a seis años de prisión “para el funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
La figura que le sigue en importancia y número de casos, con 19 expedientes en la Fiscalía, es el incumplimiento de deberes, tema que responde a cuando, ilegalmente, un funcionario omite, rehúsa o retarda actos propios de su función, en tanto la pena es inhabilitación de uno a cuatro años.
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