Con demanda urgente, la iniciativa presentada por partidos de derecha y centro a la Cámara de Diputados propone indultar a quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley.

De esta forma, beneficiaría a los implicados en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023.

En esa fecha, siete jornadas después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes capitalinas del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar para obstaculizar el ascenso al poder del Gobierno elegido democráticamente.

Al respecto, el líder de la bancada del PT en la Cámara baja, Lindbergh Farias, recordó en nota que existen dos mil 245 proyectos tramitados bajo régimen de urgencia en la asamblea y el de la amnistía, que celebra el Partido Liberal (el de Bolsonaro), resulta uno más.

«Este proyecto 2858/22 es una verdadera aberración constitucional y una amenaza para la democracia. Se trata de un instrumento forjado para liberar a Bolsonaro y su grupo criminal de la cárcel, con un alcance alarmante», denunció.

Consideró inconcebible un propósito que pretenda liberar de castigo, por ejemplo, a quienes planearon, en la denominada operación Puñal Verde y Amarillo, el asesinato de Lula, el vice Geraldo Alckmin y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo.

Entre otros absurdos, agregó Farias, «el proyecto prevé la extinción de los efectos civiles, penales y políticos para los beneficiados por la ley, revocando así las decisiones del Tribunal Superior Electoral sobre la inelegibilidad, dejando a Bolsonaro elegible para concurrir a las elecciones de 2026».

Además, reafirmó el parlamentario, resulta absolutamente inconstitucional, pues viola cláusulas fundamentales de la Constitución federal, como la existencia misma del Estado Democrático de Derecho.

Farias insistió en que el juicio a los golpistas en la Corte Suprema es una oportunidad histórica única para que la sociedad brasileña acabe con los conspiradores y partidarios de dictaduras.

«Es hora de consolidar la democracia y castigar a los extremistas de derecha que todavía creen que pueden actuar con impunidad contra el Estado de Derecho», subrayó.

La determinación final sobre el trámite será tomada por el timonel de la Cámara baja, Hugo Motta, quien parece no desear apresurar el debate, el cual, según su criterio, «no resulta de interés para la mayoría de los brasileños».

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