Excarcelado de forma irregular cuando cumplía condena por el asesinato de otra mujer, Ávila Vázquez mató a Ivette Joan Vega, de 56 años, por lo que su familia interpuso una demanda por 41 millones de dólares contra el Gobierno de Puerto Rico y la compañía que diagnostica a los reos.
“Nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Bárbara Méndez, directora de Administración de Physician Correctional.
Aclaró que se solidarizan “con la angustia de los familiares de la víctima y respetamos su derecho a reclamar algún tipo de compensación económica”, a consecuencia del feminicidio ocurrido el 21 de abril de 2024, en el norteño municipio de Manatí.
Méndez destacó que las investigaciones realizadas por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el DCR, concluyeron que la empresa que ofrece servicio en las cárceles cumplió con las distintas disposiciones de su contrato, por lo que no se pudo establecer que incurriera en negligencia.
El diagnóstico de paraplejía, presuntamente confirmado por 52 médicos, fue el factor que llevó al facultativo primario a recomendar que Ávila Vázquez fuera considerado por el DCR, bajo la entonces secretaria Ana Escobar Pabón, para un pase extendido, dijo.
“Datos publicados sobre el particular han establecido que Ávila Vázquez sufrió una caída mientras laboraba dentro de la cárcel, por lo que fue referido al Hospital Industrial, operado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), quienes realizaron varias cirugías vertebrales y diagnosticaron paraplejía”, anotó Méndez.
Posteriormente, la CFSE otorgó a Ávila Vázquez beneficios por incapacidad total y una pensión vitalicia amparándose en el diagnóstico de paraplejía, lo que distintos sectores consideran que respondió a irregularidades vinculadas con el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por el asesinato de una mujer, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, pero salió en libertad en abril de 2023.
En su caso se aplicó la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de sida y de otras enfermedades terminales, confinados en instituciones penales de este país del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos.
La compensación reclamada de 41 millones de dólares se dividirían en 20 millones en daños punitivos, otros 20 millones en daños compensatorios y un millón en honorarios de los abogados.
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