Así lo suscribió en extenso informe en el cual llama a las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a impulsar un Pacto de Estado con tal propósito.

El sistema carcelario uruguayo, más allá de las mejoras importantes de enfoque y funcionamiento que ha tenido en sucesivas administraciones, sigue siendo un problema de salud pública, de seguridad pública y de integración social”, afirma el documento.

La propuesta apunta a reducir la reincidencia, mejorar la seguridad y humanizar las condiciones de encierro, que el propio Petit ha comprobado más de una vez.

“La superpoblación penitenciaria, con graves expresiones de hacinamiento y pocas actividades socioeducativas, conforma situaciones de trato cruel, inhumano y degradante que afecta a varios miles de personas”, advierte el documento.

Al respecto propone la creación de un grupo ejecutivo con la intervención de diversas instituciones públicas, incluidas de salud, desarrollo social, economía y salud, entre otras.

El Comisionado recomienda reformas penales y procesales, como el regreso de la reducción de pena por estudio o trabajo, y una revisión de la aplicación de medidas alternativas.

En abril de 2024 en Uruguay 15 mil 651 personas estaban privadas de libertad, un aumento de 32 por ciento desde marzo de 2020, y entre los mayores índices del continente.

La mayoría de los reclusos tienen entre 20 y 34 años.

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