El Legislativo aprobó este jueves en segundo debate un paquete de 78 reformas con 87 votos a favor, aunque la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora, se pronunció en contra.
Entre las principales modificaciones figura la creación de un Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinados al transporte de bienes y servicios a domicilio.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tendrá un plazo de un año para implementar este sistema, que permitirá identificar a quienes realizan actividades de reparto y los vehículos utilizados.
Los motociclistas que trabajen en servicios de entrega deberán cumplir también requisitos de seguridad, entre ellos el uso de cascos homologados y chalecos reflectivos.
Las reformas aprobadas incluyen igualmente disposiciones para regular la circulación de motocicletas y scooters (patinete) eléctricos.
La Asamblea también incorporó modificaciones relacionadas con los sistemas tecnológicos para la identificación de vehículos, el cobro de peajes y el funcionamiento de los fotorradares.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que la reforma se sustenta en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la seguridad vial y la modernización tecnológica.
Sin embargo, la RC cuestionó el carácter centralista de la iniciativa y expresó su preocupación por la posibilidad de retirar competencias a los gobiernos locales.
El asambleísta Diego Salas reconoció que el proyecto recoge algunas demandas ciudadanas, entre ellas medidas relacionadas con los fotorradares privados, aunque rechazó el conjunto de la propuesta.
Igualmente, el legislador Franklin Samaniego cuestionó el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito y aseguró que existen posibles vulneraciones constitucionales, a la autonomía de los gobiernos locales y a derechos de los ciudadanos.
La nueva ley será enviado ahora al presidente Daniel Noboa, quien deberá sancionarlo o ejercer su facultad de veto antes de su publicación en el Registro Oficial.
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