Una nueva normativa al respecto entrará en vigor en febrero de 2027 y toma como base conocimientos que van a permitir afrontar mejor los movimientos telúricos, dijo el académico de la Universidad de Chile, Rubén Boroschek.

En esencia la norma restringe las construcciones sobre sitios susceptibles de deformación y exige estudios adicionales para levantar obras en las inmediaciones de fallas activas conocidas.

En Chile hay casi mil estructuras geológicas de este tipo que pueden provocar sismos corticales, a veces menores que los de subducción, pero al producirse cerca de superficie generan daños intensos.

“Cuando se rompe una falla se pueden mover centímetros o metros”, dijo Boroschek, y añadió que en la de San Ramón se han registrado movimientos superiores a 4,5 metros, una deformación que un edificio no podría soportar si estuviera construido directamente sobre ella.

Con la nueva ley se busca que los inmuebles puedan resistir los terremotos, reducir el riesgo de colapso y, en lo posible, ser recuperables después de un evento de gran magnitud.

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