La diligencia, ante el Sistema Penal Acusatorio, permitirá a la Fiscalía Superior Anticorrupción formalizar su escrito de acusación y anunciar las pruebas con las que pretende sustentar sus señalamientos, mientras la defensa, encabezada por el abogado Roberto Moreno, podrá presentar los elementos para controvertirlos.

La investigación se originó en un informe de la Contraloría General de la República sobre las declaraciones patrimoniales de Carrizo durante el período en que ejerció como vicepresidente.

Según el Ministerio Público, durante esos años Carrizo habría percibido ingresos por unos siete millones 100 mil dólares, mientras que al concluir su mandato sus bienes declarados superaban los nueve millones.

La cartera sitúa en aproximadamente 1,9 millones de dólares la diferencia patrimonial que considera susceptible de constituir enriquecimiento injustificado. La imputación por ese delito fue dictada el 26 de enero de 2026 por la jueza de garantías Oris Medina.

La Fiscalía intentó en dos ocasiones que el proceso fuera declarado causa compleja para ampliar el período de investigación, pero ambas solicitudes fueron rechazadas. Concluida esa etapa, el Ministerio Público presentó la acusación que será examinada en la audiencia.

El proceso tuvo además un nuevo capítulo el pasado viernes, cuando la jueza Karolina Santamaría rechazó una solicitud de aprehensión de un apartamento propiedad de Carrizo, ubicado en Costa del Este, en esta capital, al considerar que no cumplía las condiciones previstas en el artículo 351 del Código Penal.

De su parte, la Fiscalía Anticorrupción apeló esa decisión y la audiencia para resolver el recurso quedó fijada para el próximo 23 de septiembre.

La defensa sostiene que el inmueble fue adquirido antes de que Carrizo asumiera funciones públicas y que estaba incluido en su declaración patrimonial, por lo que considera que el análisis del supuesto enriquecimiento debe circunscribirse al período de su desempeño como funcionario.

La audiencia de este lunes no definirá la culpabilidad o inocencia del ex funcionario, sino que permitirá al juez de garantías examinar la acusación, las pruebas propuestas y eventuales controversias sobre su admisibilidad, antes de determinar si existen condiciones para avanzar a un juicio oral.

Carrizo permanece bajo arresto domiciliario y con impedimento de salida del país mientras continúan las actuaciones judiciales.

El exvicepresidente de la nación istmeña no ha podido ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), debido al proceso penal que se sigue en su contra.

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