Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentaron que el texto, aún en trámite, presenta incertidumbres considerables respecto a su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía del país.
Las tratativas sobre la Convención arrancaron en 2025 y deben concluir el año que viene y dentro de sus objetivos generales busca crear un sistema impositivo global más inclusivo y equitativo, en beneficio de los países en desarrollo.
De acuerdo con la Alianza Global para la Justicia Fiscal, entidad que abarca redes en Asia, África, América Latina y del Norte y Europa, uno de los propósitos centrales de ese mecanismo en formación es garantizar una asignación justa de los derechos de aplicación de impuestos.
En la actualidad, precisa, la mayoría de los tributos los pagan las grandes corporaciones transnacionales en el país donde tienen su sede central, y no en donde trabajan y generan sus ingresos y ganancias.
Este principio existe desde la época de la Sociedad de las Naciones, anterior a la ONU y afecta a países del sur global, quienes no reciben los ingresos que les corresponde pagar a firmas de los sectores extractivos, la industria manufacturera y los servicios digitales.
La Convención sobre Cooperación Fiscal establece además mecanismos conjuntos para frenar la evasión y los flujos financieros ilícitos hacia paraísos fiscales y vincula la recaudación con recursos para mejorar los servicios públicos y los derechos sociales.
El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, cuestionó la idea de abandonar esa iniciativa y afirmó que, si Chile tiene reparos con el texto, debería plantearlos e influir en una mejor redacción.
Por su parte, el medio chileno The Clinic señaló que el retiro de las negociaciones podría significar un intento de alinearse con Estados Unidos, que tampoco participa en el proceso.
Recordó que recientemente la Casa Blanca impuso al país aranceles extraordinarios del 12,5 por ciento.
Chile también abandonó al Movimiento de Países No Alineados, luego de 55 años de pertenencia.
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