El convicto, de 67 años, será juzgado allá por la jueza federal Jacqueline Becerra, en un juicio de entre seis y ocho semanas que seguirá al de principios de año contra otros cuatro coacusados, que fueron declarados culpables, añadió el diario Gazzette Haiti.
Según fiscales federales, Sanon, quien residió en el condado de Broward y otras zonas de Florida, mostró sus ambiciones políticas en Haití y solicitó en aquella época la ayuda de exmilitares de Colombia para que le brindaran seguridad en aquel país suramericano.
Por su parte, la abogada defensora del acusado, Zeljka Bozanic, quien enfrenta al fiscal Humberto Domínguez, expresó su confianza en que demostrará “la inocencia de nuestro cliente en todo este caso”, agregó Gazzette Haití.
De acuerdo con el periódico, los cargos contra Sanon, al igual que los esgrimidos contra los coacusados ya condenados este año, se basan en la acusación de “conspirar para secuestrar y asesinar al entonces líder del país caribeño”.
El pastor haitiano-estadounidense fue culpado, en un principio, por cargos menores, entre ellos el envío de chalecos antibalas a Haití, en nombre de los referidos exmilitares colombianos, acto contrario a las leyes estadounidenses de exportación.
Pero, después -precisa Gazzette Haiti- los fiscales federales ampliaron los argumentos y lo emplazaron por delitos mucho más graves, que implicaron, incluso, la solicitud de una posible pena de cadena perpetua.
El caso seguido por autoridades federales estadounidense forma parte de una extensa investigación entre ambos estados, iniciada tras el asesinato de Jovenel Moïse en su residencia privada en Pétion-Ville la noche del 6 al 7 de julio de 2021.
La causa para determinar a los culpables del crimen pasó en los últimos años por distintas fases judiciales en ambos países, pero, solamente en Haití, fueron acusadas por el hecho unas cincuenta personas, incluida la exprimera dama Martine Moïse.
Juristas y otras autoridades haitianas y estadounidenses coincidieron, sin embargo, en que el proceso judicial del país caribeño está marcado por numerosos retrasos y giros inesperados, agrega el diario Gazzette Haiti.
Los especialistas esperan, además, que figure en el juicio como una de las testigos clave de la fiscalía federal la viuda Martine Moïse, quien ya testificó en el anterior proceso, emprendido en marzo, contra los otros cuatro acusados.
Estos últimos son Arcángel Pretel Ortiz y Antonio “Tony” Intriago, quienes dirigían empresas vinculadas a la Unidad Antiterrorista de Doral, en la Florida.
Los otros dos encartados son James Solages, quien trabajaba para una Unidad Antiterrorista de la Reserva del Ejército estadounidense; y Walter Veintemilla, un agente hipotecario del condado de Broward acusado de participar en la financiación del complot.
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