El nuevo estado de excepción se extenderá hasta el 18 de diciembre venidero para enfrentar “las acciones criminales de las bandas armadas, que derivan en guerra civil y genocidio”, añade una declaración oficial.

La orden sobre el estado de emergencia en esas regiones es la tercera decretada por las autoridades en un período de 13 meses, de acuerdo con la nota.

El estado de emergencia pretende, además, contrarrestar “las repercusiones negativas por la situación de seguridad en los sectores productivos, sobre todo respecto a productos agrícolas y alimentarios, servicios y movilidad de personas y bienes”.

La declaración oficial adelanta medidas en ese sentido destinadas a restablecer el orden público, reforzar la seguridad y garantizar el retorno a la normalidad.

El grupo de acciones de urgencia –agrega- contemplan también la liberación de fondos, ejecución de gastos y reasignación de partidas presupuestarias, excepto aquellas destinadas a salarios, indemnizaciones y pensiones de jubilación.

La política para el estado de excepción también faculta a las autoridades para formalizar contratos mediante procedimientos acelerados, ordenar el cierre de establecimientos y establecer normas específicas para la circulación en zonas afectadas.

Las decisiones en el ámbito de la seguridad y la asistencia humanitaria incluyen el refuerzo de los actuales dispositivos, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y la implementación de medidas especiales de seguridad.

El Gobierno también podrá ordenar la evacuación de personas para su protección, requisar los medios de socorro y alojamientos privados y adoptar medidas para acoger y abastecer a las poblaciones desplazadas.

La emergencia prevé, asimismo, la asistencia financiera a víctimas, la movilización de recursos nacionales e internacionales y, de ser necesario, la suspensión de servicios esenciales como las comunicaciones por carretera, marítimas, aéreas y telefónicas.

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