A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el órgano autónomo apuntó que ello se hizo tras aportar más de 150 datos de prueba.
Según detalles difundidos por el diario La Jornada, el juez de control adscrito al centro de justicia de El Altiplano, Ricardo Alfonso Santos, determinó que el Ministerio Público entregó elementos suficientes para presumir la responsabilidad de Jáuregui.
Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el exfiscal permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano durante el tiempo que dure el proceso y hasta que se le dicte sentencia.
La acusación de la FGR se relaciona con hechos ocurridos en abril último, cuando agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaron en un operativo estatal para revisar un narcolaboratorio, sin que se diera aviso a la Cancillería, lo cual violó la legislación nacional.
Jáuregui había sido detenido el sábado de la semana pasada en Chihuahua, sobre la base de una imputación en el fuero común por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y vinculado a proceso el jueves sólo por el primer ilícito.
Luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del opositor Partido Acción Nacional, divulgara detalles de una conversación privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria federal subrayó el viernes que Campos le reveló en septiembre de quién fue la responsabilidad de lo ocurrido en el operativo.
“No fui yo, fue mi ex fiscal”, le habría afirmado la gobernadora a Sheinbaum, quien aseveró que no quería difundir este asunto, pues se trataba de una plática entre dos funcionarias públicas, y recordó que le sugirió sostener un encuentro con la fiscal general, Ernestina Godoy, lo que en efecto ocurrió.
Más tarde, ese mismo día, Godoy confirmó la reunión celebrada con la gobernadora, quien responsabilizó a Jáuregui de la intervención de los agentes extranjeros y lo acusó de ser “una persona corrupta” con casinos y prestanombres, lo que abrió una nueva línea de investigación en la FGR.
La Constitución de México y la Ley de Seguridad Nacional señalan que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
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