Rivera, coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), atribuye a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, rehusar certificarla como candidata por la Alianza de País, por lo que la demandó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
Según el recurso judicial, la CEE amenazó con no certificar la candidatura de Rivera al aplicarle el mismo estándar sobre recogido de endosos que sacó de la papeleta de MVC a varios candidatos a la legislatura por acumulación, entre ellos el senador Rafael Bernabe y la representante Mariana Nogales.
En su decisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no incluyó a la aspirante a delegada en el Congreso en Washington por la Alianza de País que integran el MVC con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la papeleta estatal porque ninguna persona con legitimación activa apeló al máximo foro judicial puertorriqueño.
Rivera recurrió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico ante su admisión de que desconfía de las autoridades electorales isleñas.
“No hay ninguna razón por la cual la CEE no nos haya certificado, pero no confío, así que nos estamos protegiendo y estamos radicando esta acción para que cumpla con su deber ministerial y no interfiera en el puesto de comisaría residente”, dijo en rueda de prensa.
El representante legal de la senadora, Guillermo Ramos, argumentó en el recurso judicial que no certificar la candidatura de Rivera violaría “derechos electorales y asociativos federales”, ya que se trata de un escaño federal en el Congreso con derechos limitados.
Adelantó que el caso pasó a la jueza federal Aida Delgado Colón, ante quien se ha planteado la existencia de una “acción ultra vires e imposición ilegal de requisitos para competir por el cargo federal electivo de Comisionado Residente, (además de la) privación de los derechos federales asociativos y electorales”.
La obtención de firmas no es uno de los requisitos de elegibilidad enumerados en la Ley de Relaciones con Puerto Rico para el cargo federal de comisionado residente.
“Además, ni la Ley de Relaciones con Puerto Rico ni ninguna otra ley federal autoriza al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquiera de sus órganos ejecutivos, legislativos o funcionarios judiciales para descalificar a un candidato a comisionado residente por incumplimiento de obtención de firmas”, indica en la demanda.
Rivera, quien es coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, destacó que en la organización “hemos tenido que defender nuestro existir desde el primer día, siendo lo último la decisión antidemocrática del Tribunal Supremo (de Puerto Rico) de descalificar cuatro de nuestras cinco candidaturas nacionales”.
“La muestra más burda de que los partidos tradicionales (Popular Democrático y Nuevo Progresista) y sus instituciones son capaces de hacer hasta lo impensable con tal de tratar de eliminar a la oposición política y evitar el cambio que el país tanto reclama”, dijo.
Explicó que el cargo al que aspira es uno federal y, habiendo cumplido con los requisitos impuestos por la ley federal, la CEE no tiene facultad para impedir que figure en la papeleta de las próximas elecciones, el 5 de noviembre.
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