Presentado por el secretario de Estado Antony Blinken junto a Cindy Dyer, embajadora especial para monitorear y combatir la trata de personas, el reporte -sesgado y unilateral- señala al Gobierno de Cuba de no cumplir plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata.
Según señaló “no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo”, por lo tanto “Cuba permaneció en el Nivel 3”.
Mediante este tipo de ejercicio que tiene motivaciones políticas, las autoridades de Washington se toman el derecho ilegítimo de juzgar a otros.
Para justificar la calificación de Cuba, el reporte, referido al año 2023, utiliza argumentos contradictorios y poco creíbles en el que continúa tergiversando y difamando sobre la labor de la colaboración médica cubana durante décadas en más de un centenar de países.
Además, de intentar torpedear dicha cooperación incluso hasta futuras iniciativas que podrían beneficiar los pueblos de ambos países en materia de salud.
La “penalización” en este nivel podría implicar para el país en cuestión sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de Estados Unidos a que reciban préstamos de instituciones multilaterales.
Nada más parecido a parte de la larga lista de prohibiciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno estadounidense hace más de seis décadas contra el pueblo de la nación caribeña.
Las autoridades cubanas han reiterado a lo largo de los años que esta calificación no tiene relación con el verdadero desempeño de Cuba en el activo enfrentamiento a la trata de personas.
En una de las declaraciones de años anteriores sobre el tema, la Cancillería de Cuba dejó claro que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad política ni moral alguna para juzgar a Estados soberanos ni emitir certificaciones de conducta.
En tal sentido tildó ese tipo de informe de «unilateral, sin legitimidad ni reconocimiento internacional alguno», el cual «cumple un objetivo netamente político y manipulador, como arma de presión contra otros Estados y sin respeto, consideración o apego en lo absoluto a los esfuerzos internacionales por combatir la trata de personas”.
Se ha dicho que ese informe desconoce deliberadamente el trabajo ejemplar e integral de Cuba en la prevención, enfrentamiento y respuesta a este flagelo.
Además, se ha insistido que pasa por alto la política de tolerancia cero de Cuba frente a la trata.
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