En conferencia de prensa en esta capital, la agrupación resaltó que las redes de corrupción de estas aparecen incrustadas en el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad y Organismo Legislativo.

La mafia económica y el crimen organizado afectan la calidad de vida de la población en el alto costo de la canasta básica, órdenes de desalojo en contra de familias campesinas e indígenas y únicamente favorecen a intereses de los terratenientes, señaló.

Rechazó enérgicamente las expulsiones de familias de sus tierras en diferentes departamentos y reclamó a las autoridades y organismos de derechos humanos que asuman su compromiso de velar por el bien común y defender derechos.

La convergencia, que trabaja por la construcción de un Estado Plurinacional y defensa de la Madre Tierra, mostró su solidaridad con las comunidades de pueblos originarios víctimas de desalojo o que se encuentran en riesgo de serlo.

“La crisis por la que atraviesa el país, es consecuencia de la cooptación de la institucionalidad del Estado sobre la que tienen el control las mafias, que impide la acción del gobierno de turno y el desarrollo social económico de la población”, remarcó.

Llamó a la población en general a permanecer atenta a la elección de Cortes y a las Comisiones Postuladoras ejercer sus funciones con responsabilidad, transparencia y honorabilidad, representando los intereses de los guatemaltecos.

Exigió el respeto a los pueblos indígenas y a la lucha de resistencia por la defensa de la democracia de 106 días hasta enero último, en referencia a los bloqueos de calles y plantón ante el MP en defensa de los resultados electorales.

Tales acciones –recordó- impidieron toda alianza público-privada con el sector económico tradicional, responsable de los altos niveles de corrupción en el Estado, de la crisis social, económica y política de los últimos doce años.

Por tal motivo, insistieron las organizaciones campesinas e indígenas, en que el presidente del país, Bernardo Arévalo, debe convocar al diálogo nacional para así encaminar condiciones en aras de afrontar el escenario actual.

A los funcionarios electos en la administración, demandaron no olvidar los principios de lucha y trabajo en favor de los derechos de los pueblos indígenas y población en general.

Organizaciones en Guatemala solicitaron antes a las instituciones del Estado la búsqueda de soluciones pacíficas a la conflictividad agraria y ambiental existente.

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