El estudioso observa la existencia de fracciones, incluida la oficialista, partidarias de someter al sufragio el proyecto de ley, en lo cual obran intereses de «mantener una buena relación con el Ejecutivo para no ver perjudicadas sus negociaciones”.
Otras diputaciones respaldan la votación inmediata porque rehuyen enemistarse con el Gobierno “para evitar distintas confrontaciones y ataques desde la Presidencia de la República”, añadió el Máster en Comunicación, citado por el periódico La Teja.
También hay legisladores -estimó el analista- que estarían a favor del proceso “para quitarse esa braza de encima, porque existe presión sobre algunos que pueden recibir una especie de penalización y prefieren apoyar el proyecto para no perder popularidad”.
Araya, con 25 años de investigador y consultor en comunicación política, admitió que sí hay diputados que ponen por encima su criterio y responsabilidad, pero existen, además, los que sienten que defienden la integridad de la Asamblea Legislativa.
Esos últimos piensan que el parlamento debe darse a respetar como poder de la República, sin involucrarse en ataques, deméritos, «o en un proyecto de ley que a todas luces es contrario al combate contra la corrupción» y tratan, asimismo, de convencer a colegas contra el referendo.
Medios de prensa comentaron este martes 25, fecha en que el Congreso debió efectuar la votación sobre la propuesta de referendo y la llamada Ley Jaguar para el desarrollo, suspendida de modo automático al consultarse el proyecto a la Sala Constitucional, los pasos que seguirán ahora los legisladores, sobre todo ante el fallo definitivo emitido ya por esa instancia.
El parlamento deberá fijar un plazo para analizar dicho documento de respuesta a la consulta de 22 diputados que decidieron someter a consenso de esa entidad constitucional la legalidad de los citados proyectos ante la cita popular y luego llevarla a votación en busca de los 29 votos requeridos.
Una votación inferior a esa cantidad obligará a la Asamblea Legislativa a elevar el documento ante el Tribunal Supremo de Elecciones para continuar mediante esa instancia el proceso hacia el controvertido referendo.
La decisión de 22 parlamentarios de someter a la Sala Constitucional la acción de consenso público junto a la controvertida Ley Jaguar para la independencia de Costa Rica dilató el proceso y frustró la votación en la fecha prevista, coincidieron medios locales.
El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, admitió que, aunque su bancada está a favor de la consulta popular, evitan “ser irresponsables» con una acción masiva que costaría al país tres mil millones de colones (unos cinco millones 750 mil dólares).
“Presentamos este recurso ante la Sala Constitucional –argumentó Izquierdo- porque tenemos serias dudas respecto al proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo, el cual plantea cambios sobre la eliminación de controles y disminuye la transparencia en la contratación pública”.
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