De acuerdo con el secretario general de esa organización, Ariel Muñoz, los llamados «mutuos acuerdos» pactados con el Estado por el director general de la entidad, Carlos Mosquera, es una inmoralidad y una burla a los trabajadores que exigen mejora en las condiciones laborales, reclamos rechazados por falta de fondos.
Para Muñoz, la actual administración de la compañía ha sido nefasta y resulta hasta inmoral que quiera beneficiarse de las conquistas de los trabajadores como los convenios colectivos, quien hasta ahora les ha negado sus derechos.
Muñoz explicó que desde el 14 de mayo pasado se notificó a la Contraloría de la República sobre su preocupación en torno a una posible aplicación inadecuada de la convención colectiva conseguida por Sitiespa, donde se garantizan mutuos acuerdos para los trabajadores puedan recibir los pagos que les corresponden en caso de que la empresa terminara sus contratos.
“Enviamos una carta al contralor Gerardo Solís, donde advertíamos de la improcedencia de que se beneficiase el gerente general y otros miembros de la alta gerencia. Ellos no podían beneficiarse del convenio colectivo siendo que ninguno paga cuota sindical”, precisó.
Subrayó además que, a pesar de la carta, fueron sorprendidos por el trámite del refrendo de Contraloría para el cheque de Mosquera por 248 mil dólares y lamentó que esta entidad hizo caso omiso a sus advertencias.
Al respecto, el Procurador de la Nación, Rigoberto González, catalogó como un acto reprochable que no puede pasar por alto, la situación denunciada en la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) en cuanto a los “mutuos acuerdos” con altos miembros directivos, que incluyen al gerente general de la entidad y que rondan el millón de dólares.
González confirmó que ha preparado una nota con su opinión sobre el tema, que será remitida al ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera, quien además preside la Junta Directiva de Etesa.
“La ley es la ley, pero no todo lo que está en la ley es éticamente correcto. La ley es para cumplirla, no para darle la vuelta y beneficiarse de ella” sostuvo el procurador, quien dijo que estos pagos de indemnización no deben darse por parte de la Contraloría General de la República.
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