En su perfil en la red social X, el canciller afirmó que esas disposiciones van dirigidas a seguir fortaleciendo la unidad de los cubanos, a partir de los fenómenos migratorios actuales que son de alta complejidad.
Tales proyectos son analizados por estos días con los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), previo a su presentación en la Tercera Sesión Ordinaria de ese órgano, a efectuarse en julio próximo.
Entre otras medidas, eliminan el límite de 24 meses como tiempo de estancia autorizado a permanecer en el exterior, por lo que ningún ciudadano cubano, declarado residente en el exterior, perderá sus derechos en el país.
De acuerdo con el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), primer coronel Mario Méndez, esas disposiciones detienen el incremento de la condición de emigrado –ostentada por quienes salieron del país antes de 2013.
Asimismo, anunció que se organizará, de manera paulatina, un sistema de atención para quienes deseen cambiar su estatus y acogerse a la categoría de residente en el exterior.
Nadie por ser residente en el exterior pierde su vivienda, su auto u otra propiedad. No hay una referencia en los proyectos en contra de esto, en este sentido, afirmó.
Cuba promulgó en 1972 la Ley de Migración, cuyo reglamento se publicó en 1978 y resultó uno de los cambios más relevantes acerca de esa política en el país.
Cuatro décadas después, en 2012, comenzó un proceso de actualización por medio de varios decretos, previo a varias modificaciones introducidas en 2015, 2017 y 2019.
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