La jornada de protestas concluyó este jueves, cuando miles de ecuatorianos salieron a las calles a expresar su descontento por el aumento de los precios de las gasolinas, así como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la falta de insumos y atención en el sector de la salud.
En Quito, alrededor de un millar de personas marcharon desde las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta el Centro Histórico, donde está ubicado el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El líder del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, declaró a Prensa Latina que este fue el inicio de varias jornadas de protestas este año contra medidas que conllevarán a más inflación y a la pérdida del poder adquisitivo de millones de ecuatorianos.
El gobierno de Noboa impulsa una política agresiva, neoliberal, en consonancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), subrayó el dirigente.
Organizaciones como el Partido Comunista del Ecuador y el Comité Popular 15 de noviembre se sumaron a los actos, que estuvieron acompañados por un amplio despliegue policial y militar.
Pese a la acogida, el Ejecutivo minimizó las protestas. Para el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, sin la participación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ni el gremio del transporte, esas acciones perdían fuerza.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, anunció en declaraciones a la emisora Radio Pichincha que los próximos 19 y 20 de julio la organización realizará una asamblea para definir acciones contra el incremento de los combustibles.
Las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, subieron de 2,46 a 2,72 dólares desde el pasado 28 de junio y a partir de ahora mensualmente el precio será reajustado en dependencia del mercado internacional.
En ese contexto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el proceso de juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld, acusada de incumplimiento de funciones por el asalto a la embajada de México en Quito, hecho que conllevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Este viernes, Sommerfeld confirmó que rendirá cuentas ante el Parlamento y justificó la intervención en la sede diplomática mexicana en esta capital, el pasado 5 de abril, alegando que intentaron “ velar por la soberanía, la dignidad y la independencia del Estado ecuatoriano”.
El juicio político fue planteado por la legisladora Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), luego del asalto de efectivos policiales a la sede diplomática de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.
A propósito, el equipo de la defensa de Glas presentó esta semana el Comité Internacional por la Libertad del exvicemandatario, quien se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
El abogado Paco Hidalgo detalló que el equipo de trabajo se encargará de emprender acciones jurídicas y políticas en Ecuador y el exterior para buscar la liberación del exvicepresidente.
El Comité Internacional buscará que se restituyan los derechos del exvicepresidente, que se garantice su vida, que recupere su estatus de asilado político y que el gobierno ecuatoriano le conceda el salvoconducto para que pueda viajar a México.
La víspera, durante una audiencia de habeas corpus llevada a cabo de forma telemática aquí, Glas dio a conocer su delicado estado de salud y advirtió que presenta problemas renales y en sus articulaciones.
Glas también denunció que sobre su cama encuentra heces de roedores y que lo han mordido en varias ocasiones en las piernas.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden de Noboa.
mem/nta
