Reveló la autoridad a la prensa que ese volumen del hidrocarburo fue ocupado en instalaciones de una empresa privada de asfaltado en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, sin que los involucrados contaran con la documentación correspondiente para su manejo y almacenamiento. “En compañía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se hizo el secuestro correspondiente para el procedimiento de entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, afirmó Cari sin revelar el nombre de la empresa.
Añadió que, desde febrero del año en curso, esta corporación privada presentó sus descargos en 0, es decir, sin movimiento.
Sin embargo, tras una inspección se descubrió que almacenaba 12 mil litros del carburante sin poder demostrar la forma en que lo obtuvo, ni la documentación respectiva.
“Hemos visto menos de tres mil 500 litros que ya han sido consumidos, y nos preocupa bastante porque, a pesar de las advertencias, algunos administradores siguen incumpliendo la normativa”, deploró el director nacional.
La Dirección General de Sustancia Controladas inició un proceso administrativo contra esta empresa, mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico llevó el caso al Ministerio Público para el inicio de un proceso legal.
Este tipo de decomisos ocurren en momentos en los que la oposición y sectores afines denuncian escasez de carburantes con el objetivo de crear la imagen de una crisis estructural del Modelo Económico Social Comunitario Productivo del Gobierno.
Sin embargo, estas ilícitas tienen como base la subvención de los combustibles en Bolivia a diferencia de lo que ocurre en países vecinos, donde el precio casi es el triple, por lo cual el contrabando deviene otra punta de lanza antigubernamental.
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