Aprobada el 4 de julio en una segunda votación por el Parlamento conservador, sin consenso, con 15 votos a favor y 12 en contra, formò parte de una ola de leyes y otras decisiones controvertidas del impopular Parlamento de mayoría conservadora.
La ley determina que solo pueden ser juzgados y condenados quienes hayan cometido crímenes que por su gravedad extrema califiquen como de lesa humanidad, desde 2002, dos años después de terminar el llamado conflicto interno de dos décadas en el que se registraron masacres, desapariciones y otros crímenes atroces.
Fue precedida por reclamos en su contra de organizaciones sociales y políticas, defensores de derechos humanos y juristas y por un requerimiento de la justicia supranacional a los poderes del Estado de Perú, de impedir que se apruebe la polémica legislación.
El pronunciamiento de la juridicidad exterior fue rechazado de inmediato y en forma vehemente por el primer ministro Gustavo Adrianzén.
Adrianzén dijo que, por instrucciones de la presidenta Dina Boluarte, contactará con los poderes Legislativo y Judicial para pronunciarse en forma conjunta contra el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteado el 2 de julio.
Dos días después, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró que, si bien considera que la citada corte exterior no puede obligar a los poderes del Estado peruano a impedir la aprobación, el Poder Judicial no firmará ningún documento porque debe preservar su independencia y su imparcialidad.
También dijo que su posición como magistrado le impide a pronunciarse sobre la ley y confirmó que los jueces están legalmente facultados para verificar la constitucionalidad de la norma y decidir si la aplican o no.
Los promotores de la ley, congresistas de derecha extrema, alegan que en 2022 el Estado peruano adhirió a la Corte Penal Internacional que obliga a sus integrantes a perseguir los citados delitos, lo cual, dicen, no puede tener efecto retroactivo.
Sin embargo, destacados juristas y el Colegio de Abogados de Lima coinciden en argumentar que Perú firmó además una convención internacional que lo obliga a perseguir crímenes de lesa humanidad sin importar cuando se hubieran cometido.
El titular del Poder Judicial recordó también a los jueces tienen la potestad de verificar la constitucionalidad de las leyes y decidir sobre su aplicación también en otra legislación anteriormente aprobada por el Legislativo que hace menos drástica la lucha contra el crimen organizado.
La norma señala que solo pueden considerarse delictivas las agrupaciones creadas con el fin expreso de violar la ley, lo que excluye a partidos involucrados como organización en casos de corrupción.
Los críticos de la norma, que impide incautar fondos de los investigados por criminalidad organizada y exige la presencia del indagado y de su abogado para allanar su casa y otras propiedades, es considerada favorable a las grandes bandas delincuenciales y la corrupción.
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