Mediante el decreto 2-2024, el Ejecutivo liderado por el presidente Bernardo Arévalo expuso el objetivo de atender las emergencias generadas en carreteras, infraestructura y la población en general derivado de las precipitaciones.
Publicado por el oficial Diario de CentroAmérica, precisó que el Consejo de Ministros decidió establecer la medida al considerar las leyes vigentes.
Entre ellas, acotó, que corresponde a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de las calamidades naturales o provocadas.
De igual forma, tomó en cuenta que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología fijó que se cuenta con una evaluación detallada de las afectaciones e impactos que las lluvias causaron a la población.
La entidad científica concluyó que el exceso de las mismas ocasionó daños significativos en viviendas e infraestructura en varios puntos de todo este territorio centroamericano.
“Además, las constantes precipitaciones han saturado los suelos en distintas partes de la República, aumentando el riesgo de eventos que puedan afectar los derechos de la población en situación de vulnerabilidad”, añadió.
En ese sentido, explicó que se acordó someter a consideración del mandatario la necesidad de emitir la declaratoria del Estado de Calamidad con la finalidad de tomar las acciones oportunas que coadyuven a mitigar los efectos adversos de la temporada de lluvias.
También agregó una serie de medidas mientras dure el estado de Calamidad, así como refirió sobre la adquisición y contratación de bienes y servicios para varios ministerios y las donaciones.
Convocó finalmente a que el Congreso (unicameral) conozca en un plazo de tres días el decreto gubernativo y pidió que se traduzca en los diferentes idiomas mayoritarios del país.
Arévalo se reunió el jueves 27 de junio último con jefes de varias bancadas del Parlamento e integrantes de la Junta Directiva para explicar los daños y plantear la necesidad de decretar estado de calamidad.
A inicios de abril pasado, durante la emergencia por los incendios forestales, el gobernante tomó igual decisión y al otro día el Legislativo frenó la entrada en vigor.
La época lluviosa (mayo-octubre) comenzó en Guatemala con lluvias sistemáticas desde hace poco más de un mes, el impacto resulta en estos momentos apreciable y las autoridades esperan registros históricos.
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