Se trata de Orlando Moreno, Manuel Vásquez Chahuán y Pedro Espinoza Bravo, quienes ya fueron juzgados aquí por otros crímenes y guardan prisión.
Los dos primeros fueron reclamados por la justicia de Roma por su responsabilidad en el asesinato del sacerdote chileno-italiano Omar Roberto Venturelli, perpetrado el 25 de septiembre de 1973.
En el caso de Espinoza Bravo fue juzgado por el homicidio el 26 de mayo de 1976 de Juan Bosco Maino, estudiante y miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria.
Los antiguos militares aún tienen procesos pendientes en el país, por lo cual la extradición se realizará bajo la figura de entrega diferida, es decir que no los exime de las responsabilidades penales y las medidas cautelares impuestas aquí.
Según el abogado Francisco Bustos, representante de una parte de las víctimas, la decisión de la Corte Suprema es muy importante porque reafirma la universalidad de los derechos humanos.
Agregó que en siglo XX la justicia chilena negó varias extradiciones, entre ellas la de Walter Rauff, inventor de los camiones de la muerte donde asesinaron a más de medio millón de personas en el centro de exterminio de Auschwitz (en la entonces Polonia ocupada por la Alemania nazi), y quien luego se refugió en este país sudamericano.
El Plan Cóndor fue un proyecto de inteligencia coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares en América Latina para aniquilar a la izquierda opositora, que contó con el apoyo y financiamiento de Estados Unidos. oda/car/eam
