En febrero pasado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adelantó que se extendería la validez de la legislación para descendientes de españoles hasta 2025. Torres informó que la extensión del plazo para los trámites permitirá a muchas personas completar el proceso.
“Son descendientes de españoles que salieron de nuestro país por razones políticas y económicas, y fueron acogidos en otros territorios, mayormente de Latinoamérica. Esta legislación es la interpretación correcta de nuestra historia y el deseo de hacer justicia”, precisó el titular.
La Ley de Memoria Democrática, su nombre genérico, incluye la búsqueda de documentación que pruebe la filiación familiar directa de personas con ciudadanos españoles, con lo cual pueden aspirar a la nacionalidad del país ibérico, “una norma que tomará un gran impulso este año”, resaltó.
Según datos oficiales, hasta el momento se presentaron 30 mil solicitudes de nacionalidad de la legislación que vencía en octubre de este año, pero seguirá hasta 2025.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres subrayó que se trata de una magnífica noticia,” que será aplaudida por los españoles”.
Técnicamente, la Ley de Memoria Democrática establece que los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.
Abarca incluso a quienes como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen.
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