La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó ante la Asamblea Legislativa (parlamento) un proyecto de ley para sancionar hasta con un año de prisión a personas que presencien ese tipo de abuso y permanezcan indiferentes.
El Congreso refrendó la iniciativa tras un video sobre la agresión a la colegiala de 15 años en la noroccidental provincia de Alajuela, devenido viral en los medios y causante de un escándalo, por reflejar la violencia extrema en el país y la incapacidad oficial para enfrentarla.
La fracción del PUSC presentó el proyecto ante la necesidad de medidas frente a esas situaciones de violencia contra menores de edad y sobre la base del deber de auxilio inmediato exigido en el artículo 144 del Código Penal, explicó la diputada autora de la iniciativa, María Marta Carballo.
Según la legisladora, el proyecto reforma ese numeral que castiga la omisión de auxilio para quien “encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias”.
“Actualmente las personas están obligadas a dar auxilio a los menores en caso de estar en algún riesgo, pero ahora se impone el tema de la violencia física o verbal a los menores de edad”, explicó Caraballo en clara alusión al caso específico de la niña de 15 años abusada por un condiscípulo.
El parlamento aprobó el miércoles una moción inicial para solicitar al Ejecutivo esas medidas, mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió un procedimiento administrativo contra el director y la orientadora del Liceo al que pertenecen los menores.
La primera denuncia parlamentaria recuerda que en lo que va de 2024 hubo 29 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 fueron consideradas femicidios y 18 están pendientes de clasificar.
Por su parte, la titular del MEP, Anna Katharina Müller, confirmó una investigación contra otros estudiantes involucrados en el hecho y el chofer del bus, por no intervenir en la acción violenta contra la niña.
La Fiscalía, por su lado, anunció que procesará al también menor (16 años) cuya vejación a la colegiala originó el escándalo, tras la divulgación en las redes sociales del video el martes 9 de julio.
Las instituciones y miembros del Legislativo y el Ejecutivo reaccionaron ante la extraordinaria presión popular, mediática, política y legal para que el Gobierno actúe contra las causas que originan hechos como la vejación de la adolescente.
El ejecutivo es presionado, además, por una excepcional reacción de la población, que interpretó el hecho como una humillación a sí misma, y por la explosión crítica de los medios, cuyos espacios televisivos censuran, además, la falta de solidaridad de personas que presenciaron los hechos y algunos hasta los filmaron.
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