El retorno del jefe de los diputados reactualiza en Cuesta de Moras (sede de esa instancia) la discusión sobre el futuro de esa consulta popular y su tema central, la controvertida “Ley Jaguar para el desarrollo del país”, añade el periódico Delfino.
Arias declaró al llegar que la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa (parlamento), el Directorio, espera para continuar sus análisis sobre el asunto una respuesta de la Sala Constitucional, ante una segunda consulta de los diputados sobre si el referendo es legal según la Carta Magna.
“La situación es que hoy tenemos dos consultas sometidas a esa alta instancia de modo formal, la del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la de la Contraloría General de la República, además de la que hizo un grupo de diputados encabezados por el Partido Liberal Progresista (PLP).
Los diputados permanecen hace varias semanas dependientes de esa respuesta de la llamada Sala IV o “de lo Social”, del Tribunal Supremo, para determinar sobre una sesión definitiva de votación que apruebe o rechace la celebración del polémico referendo.
La Sala Constitucional conocerá –explicó Arias- sobre los recursos de casación, revisión y otros temas extraordinarios que establece la Ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
“El paso de admisibilidad de la consulta a la Sala aún no está resuelto. Creo que esta semana esa instancia definiría esa admisibilidad, y dependiendo de eso, es el curso que tomarían los debates, aseveró Arias.
De acuerdo con el líder parlamentario, si los magistrados rechazaran esa admisibilidad, como ya sucedió con una consulta del Partido Liberacionista Nacional, hay “una tesis importante” entre los diputados, “que se inclinan por esperar una resolución a la consulta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es, de momento la única admitida”.
Al margen de la espera por las citadas consultas constitucionales, el proyecto de referendo, presentado semanas atrás por el presidente Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa enfrenta un engorroso procedimiento legal, según el canal Teletica.
El pedido del Ejecutivo sobre esa consulta popular, cuya esencia es reformar artículos constitucionales respecto a controles, fiscalización y potestades de la Contraloría General, pasa por complejas vías para llevar adelante la consulta popular, comentó la televisora.
La Sala Constitucional a la que acuden ahora los legisladores para verificar la legalidad del referendo está integrada por siete magistrados permanentes y 12 suplentes, cuya elección es potestad de la Asamblea Legislativa mediante una votación de sus dos terceras partes (mayoría calificada).
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