Dichas causales en torno al aborto ha generado contradicciones al interior del ente gubernamental donde se discuten posturas muy opuestas que abarcan desde la despenalización solo en casos excepcionales hasta considerar delito que la madre determine poner fin a la gestación por voluntad propia.
Este código desprotege a las familias, excluyendo las tres causas sin las cuales la vida de las mujeres corre peligro, negarlas es permitir que continúen muriendo, aseguró la activista social Natalia Mármol, citada por el diario Listin Dominicano, quien además por respetar los derechos de las féminas.
En línea opuesta, varios profesionales de la salud acuden al enfoque provida y niegan que los fallecimientos de las madres se deban a la penalización del aborto, al atribuirlos a diferentes complicaciones y padecimientos durante el proceso del embarazo.
Si bien la propuesta de código Penal resultó aprobada en dos lecturas por el Senado, y favorecida en una discusión por los diputados, aun genera polémica respecto al artículo 14 el cual exime de responsabilidad penal al Estado dominicano, Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos y las iglesias; lo que deja sesgo a la corrupción.
La vista pública ante los miembros de la Cámara debe concluir mañana cuando los 20 miembros que componen la comisión especial de diputados redacten y presenten el informe final que incluya las modificaciones a los artículos 328 y 185, que establecen la prescripción a los delitos contra el patrimonio del Estado.
El 25 de julio los diputados deben aprobar la propuesta del Código Penal en esta legislatura en tanto el órgano constitucional cesará sus labores, abriendo paso a los preparativos que darán el recibimiento a los legisladores electos y reelectos a partir del 16 de agosto.
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