La denuncia contra la vicemandataria fue impuesta por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas el pasado mes de mayo.
Guarderas acusa a Abad por una presunta infracción electoral, cuando tenía aspiraciones para ser candidata a la Alcaldía de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, en 2022.
El TCE anunció que la audiencia oral única de pruebas y alegatos se efectuará el próximo 15 de agosto. La institución advirtió además que «si la denunciada no comparece el día señalado, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía» y su defensa será asumida por un defensor público.
Recientemente, Abad culpó al presidente Daniel Noboa por la demanda en su contra impuesta por Guarderas y calificó de «hostigamiento» las acciones del Gobierno para que renuncie, y así no tener que encargarle la presidencia cuando Noboa haga campaña para las elecciones presidenciales de 2025, dijo.
Este lunes, la vicepresidenta ecuatoriana reiteró que asumir la jefatura del país mientras el mandatario participa en las elecciones generales de 2025, “no es un capricho, lo establece la ley”.
En declaraciones a la emisora Radio Morena, Abad se consideró una “víctima de lawfare” y cuestionó las acciones del Ejecutivo en su contra.
La pasada semana, Noboa afirmó que, cuando corresponda, tomará una decisión apegada a la Constitución para poder participar en las elecciones de 2025 sin encargar el poder a la vicemandataria.
Según declaró el mandatario en una entrevista, Abad -quien se encuentra como embajadora en Israel- “se irá solita” de la vicepresidencia.
El pasado 8 de diciembre, Abad viajó a Israel para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Tel Aviv y colaboradora para la paz, según la orden de Noboa, nombramiento que cuestionaron la funcionaria y diversas organizaciones políticas y de derechos humanos.
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