La población y los medios informativos y políticos reaccionaron ante la medida, aplicada por segunda vez en la historia a un titular de una cartera, tras ser presentada el 8 de julio por trece congresistas de las formaciones Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista e independientes, publica el diario Delfino.cr.
Los disputados cuestionaron en sesión extraordinaria los deberes de Müller, al alegar que «se niega a cumplir» el pago de distintos componentes salariales, incluidos el aumento por costo de vida, pago de salarios incompletos, falta de reconocimiento de lecciones impartidas y recargos ignorados.
La lista de insuficiencias comprende rebajos injustificados y el impago de prestaciones, por lo cual -recordaron los legisladores- la Defensoría de los Habitantes la convocó a explicarse el 10 de junio, y empeoró su situación al rehusar también asistir, «trasgrediendo el deber de rendir cuentas».
Otra actitud de Müller reprobada por el plenario fue la situación de 60 mil reclamos pendientes de resolver, correspondientes a 37 mil trabajadores, del total de 88 mil de la institución, detectada durante una visita realizada por la Defensoría a la unidad de reclamos salariales del MEP.
La moción condena a la alta funcionaria por «apoyar» un millonario recorte al presupuesto del sector para 2025, lo cual convertiría los fondos para la educación en los más bajos de los últimos años, e incumpliría el mandato constitucional del 8 por ciento del PIB para las finanzas de esa cartera.
El poco presupuesto –alegan los diputados- generaría una clara afectación al sistema educativo público, por incumplimiento de los deberes de Müller como titular de esa cartera, al incumplir la solvencia económica del sistema, violar ese derecho humano y relegar el interés superior ante los menores de edad.
La sesión extraordinaria acusó a la funcionaria por la agudización de la crisis educativa tras dos años de su gestión, además de persistir los mismos problemas por los cuales fue convocada a una interpelación en el plenario legislativo el 26 de setiembre de 2023.
El parlamento concluyó que todas estas acciones y omisiones por parte de la ministra “afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica, generan gran incertidumbre en la población y violentan diferentes derechos humanos vinculados a la educación».
La moción de censura contra Müller fue aplicada antes solo una sola vez, cuando la suscribieron otros legisladores contra el exministro de Obras Públicas y Transportes Juan Diego Castro Fernández.
mem/apb
