Los miembros de las comunidades indígenas amazónicas exigieron su derecho a la consulta libre, previa e informada sobre las actividades mineras en sus territorios, y reiteraron que merecen tener agua y aire libres de contaminación.
El pasado mes de junio, la Asamblea Nacional (parlamento) aquí aprobó una resolución que exhorta al Gobierno a declarar en emergencia a la Amazonía en los sectores de educación, salud, empleo, vialidad, seguridad y medioambiente.
La joven María José Andrade, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) manifestó en la sede del legislativo que fue necesario llegar a la capital porque las autoridades no van a sus comunidades.
De acuerdo con Andrade, sus territorios están afectados por concesiones mineras, petroleras, incluso por hidroeléctricas.
Nos violentan a diario cuando contaminan, cuando concesionan nuestros ríos, nuestros territorios, es injusto que yo una joven amazónica kichwa tenga que venir hasta acá para que escuchen mi voz, expresó ante los legisladores y la prensa.
Recientemente, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también recomendaron a las autoridades de Ecuador garantizar las consultas ambientales en proyectos mineros, cumpliendo con las normas de Derechos Humanos.
En un comunicado, el organismo internacional sugirió al Ejecutivo de esta nación sudamericana que los procesos de consulta y participación en el contexto de los proyectos mineros deben estar en consonancia con las normas internacionales.
Los expertos de la ONU advirtieron que varios pueblos indígenas y comunidades afectadas fueron excluidas de los procesos de consulta ambiental.
Entre ellas -reveló el documento- se encuentran las personas residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y el cantón de Las Naves, provincia Bolívar, afectadas por proyectos mineros de empresas de capital canadiense.
Más de 70 personas defensoras de los derechos humanos en Ecuador, incluidos líderes indígenas, fueron acusadas penalmente por oponerse a estos proyectos y criticar la forma en que se celebran las consultas.
Activistas ambientales y residentes en las comunidades afectadas por la minería protagonizaron jornadas de resistencia contra el proyecto La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.
En reiteradas ocasiones, la Confederación de nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha denunciado la estrategia del Gobierno y las transnacionales mineras de hostigar y perseguir a las comunidades que se oponen a la explotación minera de su territorio.
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