En su encuentro con la prensa local y extranjera, el mandatario fue enfático en asuntos cruciales como la postura ante las controversias sobre la presencia en Donoso (Colón) de la mayor mina de cobre de Centroamérica y la necesidad de ponerle freno a la creciente migración irregular.
Sobre el tema minero, el dignatario indicó que respetará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre pasado, al declarar inconstitucional el contrato entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum y la orden de cierre de operaciones de la empresa.
En torno al arbitraje internacional interpuesto por la compañía, dijo que Panamá no negociará con una pistola en la cabeza, y recalcó que su Gobierno no tendrá ningún tipo de diálogo mientras las demandas de estén activas.
Sobre la creciente migración irregular a su paso por la selva de Darién rumbo a Estados Unidos, señaló que en los primeros 18 días de Gobierno, luego del cierre de cinco pasos no autorizados y el patrullaje marítimo, se redujo considerablemente el flujo de caminantes, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y haitianos, entre otras nacionalidades.
Acerca de un plan para repatriar a sus naciones de origen a los viajeros ilegales, centro de un memorando suscrito entre Panamá y Estados Unidos que se comprometió a sufragar esas operaciones con seis millones de dólares, explicó que será un proceso voluntario en el que no se podrá imponer por la fuerza el retorno de los migrantes irregulares.
También destacó un contrato similar que podría suscribir Costa Rica, país vecino, con el cual mantienen buenas prácticas en la atención a los viajeros ilegales, subrayó.
Por otra parte, anunció que viene una contención del gasto público, específicamente en operación, que no significa inversión y la conformación de un justo Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2025, como parte del reordenamiento financiero que ofrecerá otra imagen del país, eje de la nueva política exterior de su administración.
En esta semana ese tema del manejo del Presupuesto suscitó las primeras diferencias entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que hasta la fecha a través de su comisión permanente especializada, manejaba los traslados de todas las partidas.
“Solamente un gobierno secuestrado por una Asamblea Legislativa como la que pasó [2019-2024] puede permitir semejante barbaridad. Este gobierno no lo va a permitir”, remarcó Mulino en esa comparecencia.
En los últimos quinquenios el control de los recursos estatales se ha convertido en un espacio donde los diputados miden fuerzas con el Ejecutivo, y ese pulseo es notorio cada vez que algún ministerio solicita el traslado o la asignación de una partida presupuestaria.
El pasado martes, el Consejo de Gabinete aprobó una propuesta legislativa que le permite al Gobierno el manejo de los traslados de partidas hasta un monto de cinco millones de dólares, lo que queda de este año 2024.
A juicio del parlamentario Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, la propuesta debe ser vista como una “intromisión” gubernamental en la Asamblea Nacional.
“Así como estoy en contra que por un dólar la Comisión de Presupuesto vea los traslados de partidas, no puede ser que se quede sin funciones porque el poder Ejecutivo así lo determina”, remarcó.
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