Los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, indican que entre 2022 y 2023, el número de expedientes de stalking en el país aumentó un 34,5 por ciento.
Por lo anterior, la tasa de incidencia creció de 54,8 a 73,7 casos por cada 100 mil habitantes.
«Especialmente en el escenario actual, en que la criminalidad de modo general se ha adaptado a las modalidades virtuales, la persecución es una forma de violencia que pasa a merecer aún más atención», alerta el informe.
Refiere que ese perturbador seguimiento «puede ocurrir por cualquier medio, no solo por la presencia física, sino por llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, y el crecimiento de los registros de este crimen en Brasil es un ejemplo de esto».
Las unidades de la federación que rastrearon las mayores alzas fueron Roraima (121,1 por ciento), Alagoas (73,3) y Pará (65,3).
Solo dos estados tuvieron caída en los registros: Mato Grosso do Sul (-10,9 por ciento) y Acre (-3,9). Las mayores tasas por 100 mil habitantes fueron notificadas en Amapá (271,9), Roraima (165,7), Distrito Federal (154,8), Paraná (119,4) y Sao Paulo (110,8).
La práctica de stalking fue criminalizada en marzo de 2021 con la ley 14.132, que define el crimen como «perseguir a alguien, reiteradamente y por cualquier medio, amenazando su integridad física o psicológica, restringiendo su capacidad de locomoción o, de cualquier forma, invadiendo o perturbando su esfera de libertad o privacidad».
Para quien sea condenado por ese azote, la pena varía de seis meses a dos años de prisión, además de multa.
El castigo aumenta si el delito se comete contra niños, adolescentes, ancianos, mujeres por razones de género, o si hay asociación de dos o más personas o uso de armas.
Antes de la nueva ley, el stalking era tratado como perturbación de la tranquilidad ajena, previsto en la Ley de Delitos Penales, con pena de prisión de 15 días a dos meses, o multa.
La nueva legislación trajo correctivos más severos y específicos para esa práctica, reflejando la gravedad del crimen y la necesidad de protección de las víctimas.
Este cambio legal refuerza la importancia de luchar contra el stalking y proteger la integridad y la libertad de las personas, especialmente de las mujeres, las principales víctimas.
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