De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se espera que antes de que culmine el año se aprueben las reformas a la salud y la laboral, luego de que la primera se hundiera en el Senado en abril y la segunda avanzara en su trámite en junio.
Se prevé entonces que la Cámara de Representantes reanude la discusión del contenido de la segunda de las iniciativas que busca, entre otros aspectos, priorizar el contrato a término indefinido como regla en la contratación laboral, el aumento de la licencia de paternidad de a seis semanas y el pago del 100 por ciento por laborar en el día de descanso obligatorio.
Con respecto a la de salud, acorde con reportes de prensa, miembros del gabinete trabajan para lograr acuerdos que garanticen su aprobación.
Según apuntó Cristo, la agenda gubernamental será socializada con las bancadas, los partidos, los sectores sociales y económicos del país.
Abundó que también está por presentarse la reforma a la Ley de Servicios Públicos, la ley de minería y el plan de reactivación económica que presentará el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien planteó que la prioridad es introducir el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 y que no se descarta la radicación de una nueva reforma tributaria.
“Ya estamos pensando seriamente en una ley de financiamiento que implique que tenemos que ir a buscar recursos adicionales. Eso iría en una sola propuesta donde van estímulos y recursos adicionales”, apuntó recientemente Bonilla.
Otra de las iniciativas en las que se prevé que el Gobierno insista, tras haberse hundido en junio pasado, es una nueva ponencia para el proyecto de ley estatutaria de educación.
Sin embargo, de todas las propuestas, la que más interés despierta es la que alude a la aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz, conocido aquí como fast track.
El pasado 11 de julio, en Nueva York, al intervenir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Petro anunció que presentará al Congreso un plan de choque que permita catalizar el cumplimiento del documento firmado en 2016.
Dicho plan incluiría la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en zonas tradicionalmente excluidas.
Otros puntos versan sobre la excarcelación al campesinado productor de hoja de coca; al optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución de los cultivos ilícitos; y la creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de Colombia.
Se busca asimismo implementar una Reforma Agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras; la implantación de un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto; y la ampliación del plazo de implementación del Acuerdo por siete años más.
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