En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede el Gobierno), el portavoz descartó que la actual administración del país tenga alguna duda sobre el desempeño correcto y eficaz de cada uno de sus titulares de carteras.
Respetamos el derecho de fiscalización de los diputados, pero también esperamos que ellos hagan lo mismo y permitan a los funcionarios volver a sus puestos de trabajo pronto, expresó el vocero del Ejecutivo.
Si las dudas son legítimas y técnicas, la interpelación en el Parlamento debería ser ágil y precisa, acotó, en referencia a las primeras que tendrán lugar el próximo jueves con el Ministro de Gobernación Francisco Jiménez y el canciller Carlos Ramiro Martínez.
A su lado, el propio jefe del organismo de Interior comentó que esta semana es un tanto intensa políticamente en lo personal por el juicio y también para el equipo de trabajo.
Afirmó que está consciente de que la interpelación es una herramienta de rendición de cuentas establecida en la Constitución y que le otorga ese derecho a los diputados.
Nos va a permitir –subrayó Jiménez- tener una plataforma para comunicar a los legisladores, para responder de acuerdo con las preguntas sobre el ejercicio durante estos seis meses.
No obstante, aclaró, llama la atención muy fuertemente que en apenas este tiempo, en el caso de la diputada Sandra Jovell, pidiera mi interpelación, lo cual consideró un tanto extremo.
Señaló que esta semana estará ocupado en parte en el tema de preparar la interpelación, pero no dejará de trabajar y seguir las actividades importantes.
En otro orden, Palomo anunció entre las actividades de la agenda del Ejecutivo una visita del mandatario Bernardo Arévalo el cercano miércoles 24 al departamento de Sololá por la construcción de un hospital.
Añadió que el viernes pasado la Procuraduría General de la Nación llegó ante el Ministerio Público (MP) para dar seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos de lavado de dinero.
Recordó casos que involucran a funcionarios de gobiernos anteriores, diputados del Congreso, empresarios de farmacéuticas y empresas de la construcción.
Advirtió que ante las denuncias presentadas sobre movimientos y transacciones sospechosas el MP no ha actuado con la diligencia y prontitud que esos casos merecen.
Al Gobierno de Guatemala le interesa asegurar que los recursos públicos destinados a la salud de las personas hayan sido utilizados de forma transparente y legal, remarcó el secretario de Comunicación Social de la presidencia.
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