Según cifras publicadas por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), hubo un aumento de dos mil 344 reos, en comparación con los 30 mil 762 que había a inicios de este año.
El incremento de la población carcelaria también conllevó a que el hacinamiento en esos centros de detención alcanzara un 19,46 por ciento.
El SNAI detalló que en el primer semestre de 2024, se emitieron 16 mil 36 boletas de encarcelamiento y siete mil 644 de excarcelación.
De seguir esta tendencia, sería el año con más órdenes de prisión desde 2019, y con menos personas liberadas desde que se registran datos en el portal de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura, alertó la institución.
Entre los principales delitos cometidos por los reos aquí se encuentran el tráfico ilícito de drogas, robo, asesinato, violación, extorsión y secuestro extorsivo.
Otros procesos judiciales penales que han aumentado son los delitos de terrorismo y tráfico de armas.
Mientras tanto, la construcción de la nueva mega cárcel en la provincia ecuatoriana de Santa Elena genera polémica en esta nación sudamericana, en medio de denuncias por violaciones de derechos en las penitenciarias aquí.
La denominada “Cárcel del Encuentro” costará 52 millones de dólares y contará con cinco pabellones, cuatro patios y tres cercos de seguridad, distribuidos en una extensión de 12,2 hectáreas de construcción.
De acuerdo con el Ejecutivo, su terminación está prevista para 2025 y será la segunda cárcel de máxima seguridad, luego de La Roca, en la ciudad costera de Guayaquil, provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa por un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa el pasado mes de enero, mientras las cárceles permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas en medio de falta de alimentación a los reos y denuncias de violaciones de derechos.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo reportó más de 20 muertes dentro de las prisiones que permanecen bajo control militar y pidió al Gobierno acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad.
Según la información divulgada, del 9 de febrero al 7 de marzo se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y en otros casos por violencia, con indicios de presunta tortura.
Además, la institución alertó del deceso de un reo con signos de desnutrición, algo que podría ser consecuencia de la falta de provisión de alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo.
ro/nta
