Las propiedades, presumiblemente adquiridas con dineros producto del narcotráfico, la extorsión, la explotación ilegal de minerales y otras conductas delictivas, fueron valuadas preliminarmente en más de 16 mil millones de pesos (unos cuatro millones de dólares al cambio actual).
Dichos bienes fueron ocupados con fines de extinción de dominio en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Medellín, Marinilla, Turbo, Chigorodó, Carepa, San Pedro de Urabá y Tarazá (Antioquia); Barranquilla y Soledad (Atlántico), Santa Catalina (Bolívar), y Planeta Rica y Montería (Córdoba), apuntó la fuente.
Añadió la Fiscalía que se trata de 12 inmuebles rurales y 15 urbanos, estimados en más de 14 mil 300 millones de pesos (más de tres millones 500 mil dólares); 15 vehículos y dos establecimientos de comercio.
Ahora, abundó, la Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de los bienes con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
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