El Senafront reportó esta situación al Ministerio Público considerando que supuestamente los cadáveres fueron sepultados para “encubrir sus nexos criminales con el tráfico de migrantes”, precisa el comunicado.
El texto enfatiza en que el “paso autorizado” para la migración irregular con rumbo a Estados Unidos es el que conduce a Cañas Blancas, donde se dispone de patrullas especializadas para su protección.
Senafront alertó que pese a los esfuerzos de la actual administración del presidente José Raúl Mulino y la citada entidad para canalizar la migración irregular por el corredor humanitario, que ofrece una mayor protección y vigilancia a los extranjeros, la delincuencia organizada transnacional insiste en utilizar pasos clandestinos.
Las organizaciones criminales utilizan colaboradores locales en Darién, especialmente en las comunidades costeras del Caribe panameño y los traficantes utilizan pasos no autorizados, lo que pone en grave riesgo la vida de los caminantes, añadió el informe.
La víspera, la agregada del Departamento de Seguridad de Estados Unidos para Centroamérica, Marlen Piñeiro, señaló en conferencia de prensa que ambas naciones afinan los últimos detalles logísticos para iniciar el programa de deportaciones y expulsiones de viajeros ilegales que no cumplan las reglas migratorias a través del Memorando de Entendimiento suscrito el pasado 1 de julio.
Por ahora, aclaró, el norteño país sólo financiará los gastos destinados a deportaciones y expulsiones, más no las repatriaciones voluntarias, como se dijo en un principio.
Piñeiro aclaró que corresponde al gobierno panameño identificar a las personas que infrinjan la ley y como consecuencia tendrán que abandonar el país, no necesariamente tienen que tener un pasado criminal y precisó que es inminente el inicio de vuelos chárter y comerciales con ese fin.
Para ello, la Cancillería avanza en conversaciones con otros países para dar trámite a la recepción de vuelos en Venezuela, Colombia o Ecuador, las nacionalidades que sobresalen en esos flujos.
Se trata de las medidas más severas que alcanzaron a 702 extranjeros que ingresaron al país por diferentes vías en 2023 y que retornaron a su país de origen en vuelos chárter, según el Servicio Nacional de Migración.
Ahora la medida pretende ampliarse con la firma del Memorando con Estados Unidos, incluso a familias completas que ingresen a Panamá por la selva fronteriza con Colombia.
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