El lunes, el Gobierno de Javier Milei oficializó la reimplantación de la categoría más baja de ese tributo que había sido eliminada en 2023 por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Milei, entonces diputado por La Libertad Avanza, respaldó la medida de Massa, pero ahora decidió reestablecer el gravamen, con lo cual afecta a cerca de un millón de personas.
“El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto a los grandes patrimonios, en Argentina el paquete fiscal los beneficia y suma cargas a los trabajadores y jubilados”, afirmó Aguiar.
“Es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo disminuye el mínimo no imponible, sino que elimina los regímenes especiales. Por otro lado, afecta la autonomía provincial y municipal”, añadió.
El líder sindical informó que más de 20 mil trabajadores de la administración pública nacional serán afectados por la decisión del Gobierno, a los que se suman más de 78 mil de organismos descentralizados.
“Estamos cada vez más lejos de que en Argentina paguen más impuestos los que más tienen”, aseveró Aguiar.
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