Las reacciones fueron motivadas por la denuncia del congresista de derecha extrema Jorge Montoya contra la excandidata presidencial izquierdista Verónika Mendoza, por su llamado a la insurgencia ciudadana como derecho constitucional.
Hay también críticas al inicio en el Congreso de un proceso contra el centrista expresidente interino Francisco Sagasti (2020-21), porque dio de baja a 19 generales de la Policía.
Montoya pidió al Ministerio Público que inicie una investigación a Verónika Mendoza por los presuntos delitos de crear peligro y riesgo de disturbios y conspiración para rebelión, sedición o motín.
“Si creen que con amenazas y leguleyadas (maniobras judiciales vedadas) nos van a callar, se equivocan, el derecho a la protesta e insurgencia están respaldados por la Constitución y el derecho internacional”, respondió Mendoza en la red X.
Agregó que en el tema “se trata sobre todo de dignidad, algo que estos firmantes de actas de sujeción a mafiosos nunca entenderán”, dijo en alusión a que Montoya, cuando era oficial de la Marina, firmó un acta de sujeción a Vladimiro Montesinos, brazo derecho del entonces presidente Alberto Fujimori.
La exprimera ministra progresista Mirtha Vásquez advirtió que la denuncia contra Mendoza “es la muestra más clara de que la democracia en nuestro país ha sido aniquilada”.
“Llamar a la gente a manifestarse o invocar el derecho constitucional de insurgencia es motivo de persecución. ¿El pueblo debe callar ante los abusos y corrupción del Congreso?”, comentó.
La parlamentaria progresista Ruth Luque citó a la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, quien afirmó que “La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.
Por su parte, los exministros del Interior del breve gobierno de Francisco Sagasti, Rubén Vargas y José Elice, incluidos en el proceso al exmandatario abierto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, apunta a inhabilitarlo para que no pueda ser candidato a la jefatura de la Nación.
Vargas dijo que la acusación a Sagasti de violar la ley y la Constitución por cesar a la cúpula policial, en ejercicio de sus atribuciones presidenciales, es solo un pretexto para impedirle postularse, pese a que el expresidente ha dicho que no será candidato.
Elice apuntó que el proceso, que se mantenía congelado, fue activado después que un militante del centrista Partido Morado sugirió nominar candidato a Sagasti y su nombre apareció en posiciones expectantes en prematuras encuestas.
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