En el habitual conversatorio semanal con comunicadores y la ciudadanía desde el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) y a pregunta de Prensa Latina sobre otro controversial asunto: Minera Panamá, el mandatario dijo que se concentrará por ahora en la falta de medicamentos y la intermitencia de citas médicas que brinda la CSS.
Sobre la mayor mina de cobre de Centroamérica, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, sometida a un plan de cierre por la Corte Suprema de Justicia a finales de 2023 y bajo denuncias de severos daños ambientales Mulino indicó que espera sea parte de la agenda gubernamental en algún momento del primer trimestre de 2025.
“La mina va a llegar al tapete, cuando tiene que llegar al tapete. Hay prioridades más importantes, sin que eso signifique un descuido por los riesgos que representa la mina tal y como está, sobre todo por los depósitos allí de amonio, altamente volátiles y que pueden causar destrozos como ha pasado en otras partes del mundo”, remarcó.
Acerca de la CSS insistió que, aunque hay reclamos sobre programas de beneficios como el de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM), aclaró que todos esos temas espera conversarlo la próxima semana con los presidentes de los partidos políticos, gremios empresariales y sindicales para resolver el problema antes que finalice este año.
Mulino dijo que será una muestra de su disposición al diálogo sobre el seguro social “del que todos somos dueños”, insistió, y agregó que espera que todos opinen y aporten a las mejores soluciones de ese problema nacional.
A otras preguntas de los medios, el jefe de Estado confirmó que el Ministerio Público investiga la muerte de unos 16 migrantes irregulares, que esta semana se ahogaron en una crecida de un río en la selva de Darién, pero cuyos cuerpos fueron enterrados para esconder un delito grave.
Acerca de la migración irregular añadió que espera que luego del acuerdo suscrito con Estados Unidos el pasado 1 de julio se comience con la repatriación en vuelos chárter de los caminantes ilegales, operaciones que serán respaldadas con 10 millones dólares por el norteño país.
Asimismo, confirmó la solicitud hecha por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, de destinar unos tres millones de dólares para resarcir los daños a la naturaleza ocasionados por los migrantes a su paso por la jungla, en la frontera con Colombia.
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