Estas serían las últimas acciones del proceso judicial en primera instancia.
A partir de mañana, se espera que tanto la proponente del juicio, Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana, como la ministra Sommerfeld, emitan sus alegatos finales, según el cronograma aprobado.
Luego, la mesa legislativa preparará un informe y el procedimiento continuará en agosto en el plenario, que es quien tiene la última palabra sobre si la canciller debe o no ser sancionada y destituida.
De acuerdo con Urresta, el pasado 5 de abril, con el asalto a la sede diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, el Estado ecuatoriano violó una serie de normas constitucionales, legales y de tratados internacionales.
Por su parte, las bancadas del movimiento Construye y del Partido Social Cristiano (PSC) anticiparon este miércoles que no votarán a favor de la destitución y censura de la canciller.
«Evitar la fuga de Glas no merece destitución», anunció Construye en un comunicado, aunque reconoce que el Gobierno de Daniel Noboa tenía otras opciones antes de invadir una embajada.
La bancada del PSC considera que más allá de la validez o no de las causales del juicio político, una censura a la canciller puede beneficiar a México en la demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
Por tanto, si a los votos de esos dos grupos se suman los del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), así como aliados e independientes, en estos momentos parece improbable que Sommerfeld salga del cargo.
«Junto al equipo legal seguiremos, con la verdad, defendiendo lo actuado, que no es más que cumplir a cabalidad nuestras delicadas funciones», apuntó la canciller Sommerfeld en un comunicado en sus redes sociales.
El asalto a la embajada de México provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
/nta
