El alto comisionado de Derechos Humanos del organismo, Volker Türk, llamó a garantizar que todas las operaciones de aplicación de la ley respeten las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Un comunicado divulgado por su oficina advirtió por los crecientes relatos de violencia horrible contra las manifestaciones que dejaron cerca de 170 personas muertas y más de mil heridas.
Türk instó a los funcionarios gubernamentales a restablecer, sin demora, el pleno acceso a Internet para permitir que todas las personas, incluidos los periodistas y los medios de comunicación, se comuniquen libremente y de conformidad con el derecho internacional.
“Las autoridades también deben ofrecer garantías de no repetición y de que no habrá represalias contra quienes participan en las protestas”, remarcó además.
El alto comisionado apoyó una reforma integral y a más largo plazo del sector de la seguridad como un paso importante para prevenir futuros abusos y salvaguardar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Es de vital importancia, agregó, que el Gobierno restablezca la confianza del público y cree un entorno propicio para el diálogo público sobre las cuestiones subyacentes que llevaron a esta ola de violencia.
“Fundamentalmente, debe garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley operen de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, particularmente con respecto a la vigilancia policial de las protestas”, dijo Türk.
Las protestas se agravaron esta semana mientras los estudiantes elevaron las exigencias para que el Estado deje de reservar el 30 por ciento de los puestos gubernamentales para las familias de quienes lucharon en la guerra de independencia de Pakistán de 1971.
El Gobierno de Hasina había eliminado el sistema de cuotas en 2018, pero un Tribunal Superior lo restableció en junio.
Las autoridades del Ejecutivo apelaron contra el veredicto y la Corte Suprema suspendió la orden del Tribunal Superior, a la espera de la audiencia de la apelación del Gobierno el 7 de agosto.
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