De manera particular, cuestionaron la pena de prisión de seis años, considerada menor si se toma en cuenta el tipo de delitos cometidos y la corta edad de las víctimas, quienes, además, han sido sometidas a hostigamiento por parte de la familia del culpable.
Los manifestantes reclamaron también que el hijo del magnate del sector vinícola, el senador Javier Macaya, renuncie a su cargo y se retire de la política activa.
El legislador era presidente del partido político de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), pero tuvo que renunciar al cargo ante el repudio generalizado por declaraciones suyas a favor de su progenitor y contra las víctimas.
Incluso, algunos sectores de la UDI se sumaron a las críticas, en momentos en que está a punto de comenzar la campaña con vistas a las elecciones municipales y para gobernadores de octubre próximo.
El caso provoca una profunda conmoción entre la sociedad chilena, sobre todo por el trato privilegiado que algunos tribunales en la Región de O’Higgins le han dado al encartado, quien tiene un indudable poder económico y político.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, el empresario estuvo en su domicilio durante el proceso y más tarde, tras la lectura del veredicto, fue enviado a prisión preventiva, donde apenas permaneció tres días y fue devuelto a su casa.
Un reportaje periodístico reveló que en realidad nunca pisó una celda, pues lo recluyeron en un sitio privilegiado del hospital penitenciario, con habitación y baño privado, lo cual incrementó la indignación entre amplios sectores sociales de Chile.
Finalmente, este viernes, coincidiendo con las protestas en la capital, un tribunal anuló la medida cautelar de prisión domiciliaria y decretó su ingreso a la cárcel.
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