En el legislativo, de 15 equipos de trabajo quedaron conformados los de Comercio y Asuntos Económicos, instancia que estará presidida por Ariana Coba, diputada del Partido Panameñista.
Entre otros retos, ese colectivo deberá evaluar el tema minero, enfocados en las consecuencias de un plan de cierre impuesto a la mayor mina de cobre de Centroamérica, filial de la trasnacional canadiense First Quantum en Donoso (Colón); además de los asuntos relacionados con el turismo, entre otros.
También instalaron la comisión permanente de Relaciones Exteriores, organismo que encabezará Joan Guevara, del partido Alianza.
Además de estas dos comisiones, las más codiciadas, Presupuesto, Credenciales y Gobierno, quedaron en manos de diputados del gobernante partido Realizando Metas (RM), en medio de cuestionamientos a sus directivas.
La de Presupuesto la lidera Sergio Gálvez; y la de Credenciales, Shirley Castañeda, esta última abogada del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero y asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en esta capital.
Mientras la de Gobierno la dirigirá Luis Eduardo Camacho, también de RM, persona de confianza del exmandatario.
Para varios estudiosos, la alicaída economía deberá ser eje prioritario de las sesiones ordinarias de la primera legislatura por comenzar.
De otra parte, en los últimos siete días, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá confirmó el deceso de 10 migrantes irregulares, sorprendidos por una cabeza de agua cerca de la comunidad de Carreto, en la selva de Darién.
El Senafront reportó esta situación al Ministerio Público considerando que los cadáveres fueron sepultados para encubrir sus nexos criminales con el tráfico de viajeros ilegales.
El texto enfatiza en que el “paso autorizado” para la migración irregular es el que conduce a Cañas Blancas, donde se dispone de patrullas especializadas para su protección.
Senafront enfatizó que pese a los esfuerzos del Gobierno de José Raúl Mulino y la citada entidad para canalizar la migración irregular por el corredor humanitario, que ofrece una mayor protección y vigilancia a los extranjeros, la delincuencia organizada transnacional insiste en utilizar pasos clandestinos.
Sobre el tema, la agregada del Departamento de Seguridad de Estados Unidos para Centroamérica, Marlen Piñeiro, señaló a la prensa que ambas naciones afinan los últimos detalles logísticos para iniciar el programa de deportaciones y expulsiones de viajeros ilegales migrantes que no cumplan las reglas migratorias a través del Memorando de Entendimiento suscrito el pasado 1 de julio.
Mientras el jefe de Estado ratificó ante medios nacionales y extranjeros de comunicación la solicitud hecha por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, de destinar unos tres millones de dólares para resarcir los daños a la naturaleza ocasionados por los migrantes a su paso por la jungla, en la frontera con Colombia.
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