El reporte del equipo especial de fiscales que investigan las muertes registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 , difundido por la prensa, contradice así declaraciones públicas de la presidenta Dina Boluarte, que culpa de aquellos luctuosos sucesos a lo que califica como «500 manifestaciones violentas en su contra».
Según el dario La República, el informe afirma que los uniformados usaron inapropiadamente sus armas, contraviniendo las normas sobre el uso de la fuerza, y bajo la consigna de que quienes salieron a protestar, eran supuestamente terroristas.
Como ejemplo de que el Gobierno y sus mandos los enviaron a combatir a terroristas, la fiscal Rosa Retamozo refiere en su informe un incidente registrado en la región de Apurimac, cuando los policías interceptaron un camión en el que campesinos regresaban a su comunidad tras protestar en una ciudad.
Los uniformados insultaron a los campesinos llamándolos “terrucos” (término policial que califica despectivamente a grupos armados), antes de abrir fuego contra el camión, que provocó la muerte de uno de los labriegos y heridas a otros.
Trascendidos anteriores aseguran que la mandataria, al ser interrogada por la Fiscalía que la investiga por las muertes, se declaró ajena a las operaciones policiales y militares y cargó las responsabilidades a los mandos militares y policiales.
El citado diario añade que la fiscal Retamozo indica en su informe que los uniformados dispararon con el consentimiento de sus superiores y que estos actuaron conforme a las directrices de la cadena de mando, que se inicia en la presidenta Boluarte.
El resultado fue 50 muertos y 716 heridos y la fiscal Retamozo abrió una investigación al entonces jefe de la Policía Nacional, general Raúl Alfaro, por el asesinato del adolescente Robert Medina, uno de los siete menores de 18 años, ultimados en las protestas.
El periódico comenta que para la mandataria “quienes actuaron violentamente, fueron los manifestantes, y no los efectivos del orden, pese a que todos los muertos fueron civiles desarmados”.
Las protestas se iniciaron tras la detención y destitución, el 7 de diciembre de 2022, del entonces presidente, Pedro Castillo, por su intento de disolver el Parlamento de mayoría opositora, reorganizar los órganos de justicia e iniciar un gobierno de excepción.
Castillo fue reemplazado por Boluarte, quien era su vicepresidenta y asumió la presidencia por sucesión constitucional.
De esa forma inició una administración basada en el entendimiento con la Congreso cuya mayoría conservadora combatía al Gobierno de Castillo que ella integraba.
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