Igualmente, los integrantes de esa mesa legislativa piden llamar a juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y se activen los mecanismos para demandar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo.
El asambleísta Patricio Chávez, del movimiento Revolución Ciudadana, informó este fin de semana que el incumplimiento por parte de las autoridades del Ejecutivo de lo establecido en los artículos 418 y 419 de la Constitución le resta eficacia y validez al convenio con el FMI.
Esos artículos mencionan la necesidad de solicitar autorización previa a la Asamblea Nacional para la firma de un acuerdo, y uno de los acápites se refiere específicamente a aquellos pactos que “comprometan la política económica del Estado (…) a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales”.
“La deuda del FMI es ilegítima y el gobierno debe abstenerse de pagar o solicitar el resto de desembolsos”, afirmó Chávez.
El 19 de junio pasado el ministro Vega compareció ante la comisión parlamentaria y señaló que el país ya recibió mil millones y esos fondos no financiarán salarios, gastos de bienes y servicios ni pagos de intereses de deuda.
No obstante, tras el proceso de fiscalización, la Comisión concluyó que el crédito no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en el desarrollo, sino el pago de la deuda generada por préstamos anteriores del FMI y otros acreedores externos.
El FMI y el Gobierno del presidente Daniel Noboa firmaron un acuerdo para recibir cuatro mil millones de dólares en cuatro años y por esa cantidad Ecuador pagará un interés de alrededor del ocho por ciento en un plazo de 10 años.
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