Un comunicado del ente, conocido oficialmente como Sala Constitucional, confirmó la iniciativa como contraria a la Carta Magna, consideración defendida en distintos foros durante las últimas semanas por personalidades y organismos del Congreso y del propio Ejecutivo, por la tendencia del texto a desconocer poderes de mecanismos como la Contraloría General de la República.
La sentencia de la Sala IV, votada por la mayoría de sus miembros, respondiò a una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre si era o no constitucional la llamada “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica”, sometida al Congreso por el presidente Rodrigo Chaves.
Los magistrados de la Sala IV convinieron, entre otras respuestas a consultas sobre legalidad, en la inconstitucionalidad de cláusulas del proyecto de norma legal concebido por el Ejecutivo para someter a la consulta popular de un referendo, que, además, debilitaban el sistema de fiscalización de la Contraloría.
La sesión de la Sala IV que adoptó esta decisión, desarrollada entre 9 de la mañana y las 6:45 de la tarde y liderada por su presidente, Fernando Castillo, observó vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados de la denominada Ley Jaguar, precisó la oficina de prensa del Alto Tribunal.
Los motivos del proyecto que riñen con la Ley de Leyes de Costa Rica –agregó la fuente- afectan otras atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República, a la cual se le quitan herramientas para ejercer sus funciones de control.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pretende reformar el artículo 11 de la Ley de la Contraloría, con la finalidad de suprimir su fiscalización sobre la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Otras consultas ante el ente de la CSJ planteadas por los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, junto a otros organismos, no fueron resueltas este lunes y continúan bajo estudio de admisibilidad, precisa la declaración de la entidad.
Numerosas sesiones de la Asamblea Legislativa durante las últimas semanas analizaron la iniciativa legal del Ejecutivo sin que los parlamentarios llegaran a consenso sobre su constitucionalidad, por lo que sometieron de forma reiterada el tema a consulta de la Sala IV, hasta llegar a esta respuesta de sus magistrados.
Debates legislativos y polémicas públicas mediante la prensa comprendieron discrepancias contra la Ley Jaguar de funcionarios como la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien siempre cuestionó su tendencia a ignorar las atribuciones de control de su institución. arc/apb
