Este lunes, el legislativo acusó al presidente Daniel Noboa de vetar parcialmente la normativa fuera de los plazos legales y dispuso la publicación del documento.
A través de un comunicado, el Parlamento manifestó que «al no existir objeción presidencial dentro del plazo establecido», la normativa fue enviada al Registro Oficial para su divulgación.
Minutos más tarde, la Presidencia anunció que «demandará por inconstitucionalidad el envío al Registro Oficial del proyecto de Ley de Lavado de Activos, efectuado por la Asamblea».
En un comunicado, el Ejecutivo catalogó de «sin fundamento» al argumento de la Asamblea de que el veto presidencial fue presentado fuera de plazo, pues fue recibido el 25 de junio; «argumentar lo contrario atenta contra la buena fe, racionalidad y la confianza legítima», acotó el texto.
La Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de junio, fue remitida al Ejecutivo cuatro días después y esa función debía pronunciarse hasta el 24 de julio.
El pasado 25 de julio, el mandatario vetó parcialmente la Ley por inconstitucionalidad, alegando que una de las reformas buscaba cambiar la forma de la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Noboa argumentó que, de acuerdo a la norma vigente, la UAFE es una entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la Función Ejecutiva y la Administración Pública Central. «Por lo tanto, la responsabilidad de designación de su máxima autoridad corresponde estrictamente al Presidente de la República», señala el documento con la objeción que fue firmada por Noboa.
Asimismo, el gobernante detalló que en la Constitución no se establece como potestades de la Asamblea la designación de autoridades de dependencias que pertenecen a la Función Ejecutiva, ni siquiera cuando los candidatos provengan de una terna enviada por el presidente.
En este sentido, la objeción señaló que al no tener el Legislativo la competencia para designar estas autoridades, tampoco la tiene para establecer requisitos.
Hace menos de un mes, hubo otra polémica entre los dos poderes del Estado, después de que el Ejecutivo pretendiera vetar por segunda ocasión un paquete de reformas a la Ley de Seguridad Social, que había pasado por el control de la Corte Constitucional.
Las pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo de Ecuador tienen lugar luego de que a inicios del mandato de Noboa existiera un acuerdo a favor de la gobernabilidad entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, el movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiana.
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