En esta acción penal, la Abogacía General del Estado lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al magistrado y a su sustituto Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia mediante la cual citó al mandatario como testigo y el rechazo a su declaración por escrito.
El documento refiere la existencia de múltiples elementos indicativos de que la toma de declaración practicada contraviene la normativa y despoja al presidente de las 27 garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, «sin explicación alternativa manifestada o manifestable».
De esta manera, la Abogacía defiende en 35 páginas que Sánchez debió comparecer por escrito en su condición de jefe del Gobierno, pues así lo determina la ley para los casos donde conozca los hechos por razón de su cargo.
Según el texto, «no cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada».
No obstante, este martes el mandatario decidió asumir su derecho a no declarar ante el juez, amparado por el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
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