El 8 de diciembre de ese año, luego de una riña, comenzó el fuego en ese centro de detención, que dejó también 16 heridos y obligó a la evacuación de otros 200 internos.
El tribunal consideró que el Estado actuó con negligencia, al no cumplir su deber de garantizar la seguridad en el interior de los recintos penitenciarios y velar por la integridad física de los privados de libertad.
Según reportes publicados aquí, el total de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas asciende a más de siete mil 400 millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares).
El incendio está considerado como una de las peores tragedias del sistema penal chileno y reveló la realidad del hacinamiento y la desorganización en las cárceles.
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